El
fracaso de los referéndums sobre la Constitución
en
Francia y Holanda ha paralizado el proceso de construcción
de la
Unión Europea.
Nos encontramos en un
momento clave para definir el modelo social europeo de los
próximos decenios.
En
estos momentos existe una corriente ideológica
neoconservadora,
en los principales países del ámbito de la OCDE,
que
achaca todos los males de la economía, de la sociedad, al
modelo
social vigente.
Es necesario actualizar el modelo
de Estado
de Bienestar Social preconizan. Si queremos ser competitivos y mantener
y ampliar nuestra situación económica
privilegiada a
nivel mundial hay que dar prioridad al mercado.
La
OCDE en su informe del año 2005 titulado: Reformas
económicas: objetivo crecimiento, indicaba que Alemania
debía flexibilizar sus condiciones de trabajo, reducir
salarios
e incrementar horarios laborales para crecer más. En cambio,
no
decía nada sobre el hecho de que en 15
años
–1998 a 2003- el diez por ciento de la
población
alemana más rica había pasado de tener un
44%
de la renta a disfrutar de un 47%. Y la tendencia sigue.
En
estos momentos, el modelo estadounidense neoconservador se presenta
como referente. Es lo que el presidente George Bush llama la
búsqueda de una “sociedad de
propietarios”
(“ownership society”).
Una
sociedad orientada a combatir la solidaridad e incrementar la
precariedad.
Reformas
puestas en marcha en los Estados Unidos como son la
privatización del sistema de pensiones, la
potenciación
de los seguros privados sanitarios y la brutal
reducción
de impuestos sobre la renta a las clases altas van en este sentido. Con
impuestos más reducidos no queda otro remedio que disminuir
los
presupuestos de los programas sociales.
El modelo
británico de la “tercera vía”
impulsado por
el “Labour”, aunque menos liberal en sus objetivos
finales,
se sitúa también en está
línea. Por
ejemplo, Ernest Seilliére, antiguo presidente de la patronal
francesa llegó a definirse como “socialista
británico”.
En esta
concepción solo
priman los valores e indicadores económicos. El crecimiento
del
PIB, el índice de inflación, las exportaciones e
importaciones, la masa monetaria... etc. Los datos sociales pasan a un
segundo o tercer plano: el fracaso escolar, la tasa de paro, el
índice de pobreza, los presos encarcelados, la cobertura
sanitaria...
Ante el incremento de los gastos
sociales, de
la “ineficacia” de la gestión
pública
(burocrática, centralizada, ...) de los cambios
demográficos que acrecientan las necesidades de la
población, la gestión de los servicios de
bienestar por
empresas de propiedad privada es la panacea que puede solucionar esta
situación.
Hay que abandonar
tabúes y
ser ambiciosos. La precariedad laboral, el incremento del tiempo de
trabajo son medidas necesarias para la buena marcha de la
economía. En el fondo, se considera positivo ir hacia un
modelo
de desigualdad social.
Lo social es asumido,
incluso por
parte de la izquierda socialdemócrata, como un elemento de
mejora de la economía, de la competitividad de las empresas.
Las
políticas sociales se convierten en un instrumento de
destrucción del Estado Social y de los servicios
públicos.
Nos
encontramos ante una estrategia orientada a deslegitimar lo
público y desmantelar los derechos colectivos. La clave es
el
mercado. La protección y el diálogo social
antiguos
principios del modelo social europeo se olvidan cuando no se entierran.
La metodología de los partidos neoconservadores
para alcanzar esta estrategia es clara.
Primero
se reduce –hay que bajar impuestos- la
financiación
de un área de bienestar. Por ejemplo –caso
inglés
en los años 80 y 90- la sanidad. Ante la
disminución del
gasto los servicios comienzan a funcionar deficientemente.
Para
solucionar estas insuficiencias se plantea la privatización
del
sistema y después el pago por los clientes de parte del
gasto.
El
siguiente paso consiste en reducir la cartera de los servicios ya
privatizados y que sean los ciudadanos –según su
poder
económico- los que asuman estas prestaciones.
Ya
hemos conseguido el objetivo: privatizar (el mercado es la
solución) y desmantelar (acceso desigual) a un sistema de
bienestar.
Pero todo ello está montado
bajo una
falacia: la falsa eficiencia de los sistemas privados para gestionar
servicios sociales.
Por ejemplo, en
Canadá
–con datos del año 2001- un sistema
público
de calidad asegura la salud de sus habitantes. Con una cobertura del
100% de la población su presupuesto supone un 9% del PIB.
En
Estados Unidos, con un sistema fundamentalmente basado en seguros
privados, este porcentaje es del 14,6% y lo que es mucho más
grave un tercio de la población con ingresos menores no
tiene
acceso a los servicios sanitarios.
Las causas del
mayor
gasto son evidentes. Los seguros y empresas privadas –tanto
en
España como en Estados Unidos- gastan importantes cantidades
de
sus presupuestos en publicidad y en reparto de beneficios a sus
propietarios. Además en muchos casos las tarifas que cobran
no
tienen relación con los costos sino con el afán
de lucro
de los profesionales/las empresas que los prestan.
¿Porqué
un porcentaje X tiene que ser plusvalías para un grupo de
empresarios/profesionales y no gasto social?
Estos
hechos
originaron que en Estados Unidos, en noviembre de 2002, los dirigentes
de las empresas automovilísticas FORD, General Motor y
Daimler
Chrysler firmasen un comunicado solicitando la creación de
un
sistema de salud pública debido a sus menores costos
comparativos.
Resulta evidente. Nos enfrentamos a
dos formas antagónicas de abordar la realidad de una
sociedad.
La
lógica neoliberal basada en que los individuos, familias y
empresas privadas gestionan mejor sus bienes que el Estado y que cada
persona tiene derecho a escoger unos servicios educativos, sanitarios,
de pensiones... según sus ingresos
económicos.
En esta
concepción, no existen problemas sociales luego no es
necesaria la intervención pública.
Y,
una segunda visión, que cree en la comunidad, la solidaridad
y el reparto colectivo de los riesgos.
Sin
duda, los sistemas de gestión pública son
manifiestamente
mejorables. Posiblemente es necesario aumentar los incentivos al
trabajo y reducir la tendencia –de algunas personas- a vivir
del
trabajo de otros. Y, lógicamente es necesario,
también,
adaptarse a los cambios demográficos y de coyuntura
económica.
Pero la
cuestión no es tanto
aumentar o mantener un alto nivel de prestaciones, sino la
lógica del modelo: creer en el riesgo compartido, la
búsqueda de la igualdad social, la progresividad de los
sistemas
impositivos, para mantener los sistemas públicos de
bienestar
social.
Por ello, en este debate que ahora abrimos
sobre
“El futuro de la Europa social: ¿Hacia la
privatización y desmantelamiento de los Sistemas de
Bienestar
Social?” planteamos dos grandes cuestiones.
La
primera: ¿Cuáles son los límites de la
privatización de los servicios y el fin de lucro en los
servicios de bienestar social? ¿Qué niveles de
ganancia
se pueden permitir en sectores como la sanidad y la
educación,
la atención a las personas en situación de
dependencia?
La segunda:
¿Qué límites debe tener la desigualdad
social en
una sociedad europea –en este caso concreto la
española- democrática?
Balbino Pardavila
Sociólogo
¡Hola!, amig@s de
INTRESS.
Nos
hemos atrevido a enviaros un documento que varios trabajadores
realizamos en 2005 sobre la *privatización* de los Servicios
Sociales en Asturias.
Quizás
sea demasiado
amplio, pero confiamos en vuestra capacidad para extraer lo
más
interesante. Por lo demás enviaros nuestra
felicitación
por vuestro trabajo y especialmente por abrir este tipo de debates (que
no son políticamente correctos).
Un
cordial saludo,
Luis Manuel (Asturias)
Nota
de INTRESS: Debido al excesivo tamaño del documento no lo
podemos publicar en el web. Aquellas personas que estén
interesadas lo pueden solicitar en:
CORRIENTE
SINDICAL
D'IZQUIERDA (C.S.I.) . Avda. de Pando, 13-baxu.
UVIÉU
Tlfnu./fas: 985.29.69.64 Sanz Crespo, 3-baxu. XIXÓN Tlfnu:
985
35 42 63 Fas: 985 35 27 47
Corréu: csi@princast.es
Título:
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: UNA
ESTRATEGIA GLOBAL CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA LOS CIUDADANOS Y LAS
CIUDADANAS DE ASTURIAS
Sobre la privatización hay varios argumentos que no se
sostienen: argumentan su déficit y si un sector es
deficitario
¿como va a reportarle beneficios a una empresa privada?
No
se trata de que los funcionarios que evidentemente son
privilegiados, estén mejor o peor, si no de los derechos de
los
usuarios de tales servicios.
A mi nadie me
garantiza que un
hospital privado va a cubrir mis necesidades mejor que el publico.
Además las privatizaciones son rentables para la empresa
privada
precarizando a los trabajadores y los servicios, dando peor servicio o
exigiendo más dinero, por lo que gran parte de la
población queda desprotegida.
O peor
aun, con el
sistema de conciertos que esta tan de moda, se generan beneficios en el
sector privado gracias a la subvención publica, o sea que yo
pago los beneficios de un señor que luego me cobra por sus
servicios...
Los servicios sociales,
educación y
sanidad son derechos adquiridos y hablar de privatización es
volver al siglo XIX.
Ningún
país donde los SS.SS. están privatizados funciona
mejor que lo publico, NINGUNO.
Sandra Gutiérrez (Málaga)